Desde hace unos días se han reactivado las amenazas a través de panfletos y otros medios dirigidos a líderes sociales, Juntas de Acción Comunal y defensores de derechos humanos en la localidad de Bosa, al suroccidente de la ciudad, bajo la franquicia paraestatal de las autodenominadas Águilas Negras- Bloque Capital. Esta situación que incrementa la vulnerabilidad de comunidades marginales de barrios como Bosa Central, Laureles y La Despensa en inmediaciones de los límites con el municipio de Soacha, y que de tiempo atrás ha venido siendo advertida por parte del Sistema de Alertas Tempranas de las Defensoría del Pueblo, significa que no ha sido establecido el imperio de la ley y la autoridad civil en toda esa jurisdicción y que las autoridades civiles competentes no han sido lo suficientemente efectivas ni proactivas a la hora de acoger y desarrollar las Recomendaciones que el Ministerio Público presenta como seguimientos a estos instrumentos de prevención y protección.
La presencia y el accionar de organizaciones armadas al margen de la ley es una constante en localidades como Ciudad Bolívar, Kennedy y Bosa, y se asientan en territorios donde generacionalmente han llegado colombianos huyendo de la guerra y la violencia que nos agobia como sociedad desde hace 60 años, es decir hay todo un dispositivo sociocultural que permite que estos territorios hayan sido construidos y habitados por desplazados y desterrados, población desmovilizada tanto de guerrillas como de la desmovilización de las AUC que conviven con otra población asediada por la pobreza multidimensional, lo que ha generado todo tipo de conflictos.
En una coyuntura tan decisiva para el futuro inmediato de la capital de la república, tanto por la próxima aprobación y adopción del Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024, así como la reestructuración de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (PA 123 del 2020), es vital desactivar las economías ilegales constituídas alrededor del tráfico de drogas, de armas, y de contrabando desde el corredor vial de Soacha hasta Corabastos, así como las acciones coordinadas para la recuperación y protección del Río Tunjuelo que atraviesan gran parte de esta localidad.
Expreso mi solidaridad con estas comunidades, con estos jóvenes y con sus líderes. Reiteramos y exigimos a la Fiscalía General de la Nación las investigaciones con resultados necesarias, no sólo para esclarecer y desenmascarar ante el país y la comunidad internacional quiénes son y a qué intereses responde el accionar de esta aparato militar intimidatorio que desde hace años se presenta como Águilas Negras, sino también empezar a romper el imaginario social de la regulación de la vida cotidiana de las comunidades ejercida por los armados como referentes efectivos de autoridad, por lo cual exijo la protección y acompañamiento debido para la Red Popular de Derechos Humanos - REDHUS y que la Alcaldía Local se ponga al frente de la situación que se torna más riesgosa por las condiciones impuestas por la cuarentena y el aislamiento social obligatorio.
ALIANZA VERDE
