Luego de conocer las acciones militares de bombardeo a la comunidad embera katío de Jiguamandó, la Concejala Indígena Ati Quigua expresó su profunda preocupación por la falta de reconocimiento y respeto a la autonomía indígena. Como pueblos ancestrales hijos del sol, nativos del agua y de la tierra, aliento del gran espíritu, exigimos que haya voluntad política y garantías para preservar la vida y la integridad de los hermanos indígenas y el respeto por sus derechos.

La Concejala Indígena, Ati Quigua, expresa su preocupación por las acciones militares que provocaron la violación a los derechos humanos y la autonomía territorial de la comunidad indígena del resguardo Jiguamandó, entre los municipios de Mutatá y Murindó, en el Urabá antioqueño. Estos hechos, dicen habitantes de la zona, podría generar un desplazamiento masivo.

La Organización Indígena de Antioquia, OIA, denunció los hechos ocurridos el pasado 30 de enero en la comunidad indígena Alto Guayabal cuando una vivienda indígena fue impactada y destruida dejando heridos a cuatro de los cinco habitantes.

Las personas que se encuentran gravemente heridas en el hospital San Vicente de Paúl, responden a los nombres de Marta Ligia Majoret, 38 años de edad y esposa de José Rubiano Bariquira, de 23, del pueblo Embera Katío. La organización indígena informó que dos personas más: un adulto y un menor de edad de ocho años también resultaron heridos. Sólo un bebe de 20 días salió ileso.

Los bombardeos, según la OIA fueron realizados por helicópteros del Ejército, que sobrevolaron la zona por varias horas.

La Séptima División del Ejército, mediante un comunicado, aceptó su responsabilidad: “lamentablemente en una de nuestras misiones resultaron heridos con esquirlas dos indígenas de la comunidad Embera Katio de Jiguamiandó”. Sostiene que los hechos se dieron por tratar de “neutralizar la actuación del Bloque Noroccidental de las Farc”.

Los hechos son muy delicados. La organización indígena asegura que no es la primera vez que esta comunidad ha sido agredida, “detrás de estos hechos se esconden poderosos intereses económicos”. A esto se suma la presencia de algunos frentes de las FARC y grupos de bandas emergentes como las Águilas Negras, según organizaciones defensoras de derechos humanos y las autoridades indígenas.

La OIA indicó que esta comunidad ya había sido desplazada y hostigada por diferentes actores armados -ejército, paramilitares y guerrilla. Hace un año la comunidad regresó y hoy está propensa a un nuevo desplazamiento.

La organización indígena señaló que el resguardo Urada Jiguamiandó es intervenido por el Megaproyecto Batolito de Mandé, Mandé Norte, donde la compañía Muriel Muning Corporation le ha otorgado varias concesiones mineras de parte de las entidades del gobierno encargadas. “La resistencia de las comunidades indígenas ubicadas en el resguardo y áreas del proyecto minero ha generado señalamientos y amenazas por parte de la empresa minera y el ejército en varias oportunidades”, denunció la OIA.

En este sentido la Concejala de Bogotá expresó una profunda preocupación por la falta de reconocimiento y respeto por la autonomía de nuestros pueblos indígenas; la presencia de militares y la Compañía Minera en su territorio violan derechos fundamentales de nuestros hermanos, pues incursionan en sus sitios sagrados, les impiden realizar sus ceremonias rituales y les cohíben algunas actividades de subsistencia como la pesca y la libre movilidad pos sus territorio.

En este contexto como hermana ancestral de nuestros pueblos indígenas considero que no hay condiciones ni garantías para el retorno voluntario de los desplazados a sus territorios. Como pueblos ancestrales exigimos que haya voluntad política y garantías para preservar la vida y la integridad de los hermanos indígenas y el respeto por sus derechos. No puede haber garantías cuando se prioriza el interés del poder económico antes que favorecer y garantizar los derechos de los indígenas.