Allí pudo constatar, con documentos a la vista, el trámite que por años ha realizado la Junta de Acción Comunal ante distintas entidades del distrito para proteger este espacio como bien de uso público. De hecho, el IDRD, el Jardín Botánico, la Empresa de Energía de Bogotá, y la propia comunidad, han construido, mantenido y poseído este parque en beneficio de las 520 familias de la urbanización y de trabajadores de empresas cercanas, niños de jardines infantiles y adultos mayores, que lo utilizan como espacio de recreación, deporte y sano esparcimiento. La propia Procuraduría de Bienes del Distrito Capital, en oficio del año 1999, declaró la posesión del terreno con destino a uso público de propiedad del Distrito Capital.
El remate, adelantado desde la Dirección de Impuestos a la Propiedad de la Secretaría de Hacienda, es el resultado de un proceso de cobro coactivo tributario por concepto de impuestos dejados de cancelar al distrito por la empresa constructora Morato. Sin embargo, el concejal García Perea considera como una decisión apresurada que afecta los intereses del propio distrito y de esta comunidad e insiste que de haberse optado por la vía de la expropiación como lo contempla la Ley 9ª de 1989 y la ley 388 de 2007, se podría sanear el pleno derecho de dominio a favor del distrito, para proceder después a definir su uso, bien para mantenerlo como espacio público o para realizar la venta del mismo, en condiciones muy diferentes y más benéficas que las que se dieron en este caso.
En el marco de las facultades de control político que le confiere el artículo 14 del Decreto 1421 de 1993, el concejal Laureano García ha decidido hacer el seguimiento a este caso, para comprobar que efectivamente se cumplió el debido proceso por parte de los funcionarios públicos que estuvieron al frente del mismo, establecer que sus decisiones estuvieron acordes al marco jurídico que contempla la ley en estos casos, y que correspondieron a la más alta defensa de los intereses del distrito como es su responsabilidad y su deber.
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