1. La Bancada de Cambio Radical en el Concejo de Bogotá, con una citación de control político a la doctora Liliana Pardo, entonces directora del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), radicada el 18 de marzo del año 2009 y citada el 19 de mayo del mismo año, advirtió de las serias irregularidades que se estaban presentando en la ejecución de la Fase III de Transmilenio por las decisiones tomadas por los funcionarios de la Administración de Samuel Moreno que van a representar sobrecostos por cerca de 400 mil millones de pesos. También denunció en junio de 2009 la existencia de un presunto cartel de contratación en Bogotá.

2. Recibimos con beneplácito la decisión adoptada por el “Partido de la U”, de separarse de la coalición de gobierno en Bogotá y le damos la bienvenida a ese partido a la opisición. Así mismo, esperamos que renuncien a los cargos ocupados por personas que representen a dicho partido, tal y como lo reconoció el Concejal Orlando Parada Díaz en declaraciones dadas esta mañana a la emisora “La FM” de la cadena RCN.

3. Nos complace que el director del Partido Liberal, doctor Rafael Pardo y el vocero de ese partido en la Cámara de Representantes, Simón Gaviria, hayan manifestado su voluntad de separarse del Gobierno Distrital y en consecuencia soliciten el retiro de los miembros de ese partido que a título personal participan en el gabinete.

4. El alcalde Samuel Moreno en la rueda de prensa de hoy no dio ninguna explicación a las graves denuncias de corrupción que recaen sobre su administración. Alcalde, no son chismes ni consejas, son testimonios, documentos y grabaciones que han generado la apertura de investigaciones en la Fiscalía, la Pocuraduría y la Corte Suprema de Justicia.

5. El Alcalde obvió en su intervención el pliego de cargos que la Procuraduría General de la Nación abrió en contra de altos funcionarios de su gobierno, por graves irregularidades en la contratación y ejecución de la obras de la Fase III de Transmilenio.

6. El partido Cambio Radical solicita a la Contraloría General de la Nación ejercer control excepcional, tal como lo dicta el artículo 26 de la Ley 42 de 1993, sobre todos los contratos firmados por la administración de Samuel Moreno, debido a la ilegitimidad de la Contraloría Distrital en su función de control fiscal, hecho que queda evidenciado en el pliego de cargos elevado por el Procurador General de la Nación a la ex directora del IDU y en las denuncias contra el Contralor Distrital.