Destitución del Alcalde Gustavo Petro es inconstitucional y un golpe a la democracia

La reciente decisión del Procurador Alejandro Ordoñez frente a la destitución del  Alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro es resultado del desequilibrio jurídico que existe en la Constitución Política de Colombia.

"La misma celeridad que tuvo el Procurador con el Alcalde Mayor de Bogotá debe implementarla en el ´carrusel de la contratación´ en Bogotá. Existen personas que aún ejercen cargos públicos y no han recibido ninguna sanción por parte de la Procuraduría" Afirma el concejal Hosman Martínez.

Bogotá debe aceptar la sanción del procurador porque se realiza en el marco de la ley, sin embargo debe estudiar el exceso de poder que recae en una sola persona y es desproporcionado frente al ejercicio democrático participativo de los ciudadanos.

Dos millones de personas  participan en la elección del Alcalde Mayor de Bogotá y son las mayorías quienes logran la representación de su líder. Hoy, una sola persona destituyó a un mandatario que fue elegido por 723 mil personas y una 'superdecisión´ que genera desequilibrio político y social.

Deben ser los ciudadanos quienes decidan la destitución del  mandatario distrital bajo el marco constitucional en el cual fue tomada la decisión y no los 'superpoderes´ del procurador Ordoñez. Las mayorías deben tomar una decisión responsable y sensata en ejercicio de la democracia y participación de los ciudadanos.

La concentración de poder en una sola persona tiene valores subjetivos y el resultado es  netamente político. El cabildante por último invita al procurador Ordoñez a tener celeridad en casos que han golpeado directamente a la ciudad, como el carrusel de la contratación del que fue víctima Bogotá y del cual a la fecha no se ha pronunciado disciplinariamente.