Durante la cuarentena una de las restricciones más fuertes recayó sobre el comercio que tuvo que cerrar sus puertas y levantar su puestos para garantizar las medidas en lo que se proyectaba como una epidemia del Covid-19 en acelerado crecimiento en Bogotá. Por más de dos meses el cese de sus actividades fue total con pérdidas superiores al 90%; ahora, en el caso del comercio formal, con el aval del gobierno a la reactivación gradual ha venido cumpliendo con los estrictos protocolos para su entrada en operación, con grandes inversiones en el tema de bioseguridad (compra de trajes y vestimenta especial, alcohol, gel antibacterial para usuarios), más el pago de arriendos, han aportado incluso en vigilancia privada, continúan generando empleo y afrontando lo que implica el procedimiento en la obligatoriedad de la inscripción en la plataforma y el tiempo de espera en aprobación y verificación.
Aquí es claro que es un tema de doble vía, las garantías deben ser para todos por igual; que así como vendedores formales e informales resultaron impactados por la cuarentena, ambos, de la misma manera deben cumplir con los protocolos de bioseguridad para operar. Y que, como está en manos del comercio formal poner de sus recursos y su esfuerzo en cumplir con esos requerimientos; en el caso de los vendedores informales, es el Distrito a través de sus entidades, el que está en el deber de responder por ayudarlos en que su entrada a funcionar se haga de la mejor manera posible, no solo por la seguridad de los ciudadanos sino por la de ellos mismos que están expuestos en la calle.
En una problemática que impacta toda la zona del centro, a localidades como La Candelaria, Los Mártires y Santa Fe, surgen inquietudes como: ¿Cuáles son los protocolos a la venta informal establecidos por la Alcaldía?, ¿Quién vigila y verifica que se cumplan? ¿A cargo de quién está la tarea del cuidado y seguridad del espacio público en estas condiciones? ¿Cómo se garantizará que no se genere un foco de contagio can la llegada indiscriminada de venta informal de otras localidades a este sector donde hay más presencia de ciudadanos y permisividad?
Es urgente la articulación inmediata de la Secretaría de Gobierno a través de las alcaldías locales de la zona en cuestión para reglamentar, verificar y organizar, el IPES en el apoyo y acompañamiento y formalización a los vendedores informales, la Secretaría de Seguridad en garantizar la presencia de Policía y la vigilancia, la Secretaría de Salud con las campañas de prevención y acompañamiento en puestos de atención y revisión, la UAESP en el marco de la limpieza y recolección de basuras, con el fin de retomar el control de una situación que a todas luces es insostenible en el centro de la ciudad. También el llamado a la Administración para atender la voz del comercio formal que pide garantías y equidad en su compromiso de acogerse a los protocolos cuando con todo y eso, en muchos casos no ha logrado obtener la autorización para funcionar.
Concejal de Bogotá