Es el caso, por ejemplo, de Constanza Turbay. Las Farc todavía no le han contado la verdad del asesinato de su mamá, sus hermanos y escoltas y eso que los determinadores de la matanza estuvieron con el Presidente Juan Manuel Santos en La Habana en los diálogos para los acuerdos de terminación del conflicto y ellos se comprometieron a esclarecer los hechos y revelar nombres de los autores materiales, promesa que a hoy no se ha cumplido.
Así está la mayoría de las víctimas. Estamos fallando porque están quedando atrapadas en la burocracia y lejos estamos de ayudarles a superar las líneas de pobreza e indigencia. Ese es un asunto en el que nos debemos concentrar, y solo se puede lograr si las entidades trabajan de manera integral para generar impacto con sus acciones.
Fallamos en las cifras pero tenemos que guiarnos por los datos oficiales. El Registro Único de Víctimas habla de 8’785.305. Por Ley de Víctimas, hasta el 31 de diciembre se reportó una atención a 6,5 millones de personas. En reparación administrativa se reportan 962.815 casos con una inversión que supera los 5,9 billones de pesos. En temas de reconciliación y convivencia el dato es de 234.206 restituciones de tierras que han beneficiado a 32.415 personas.
Estamos fallando en el monitoreo, porque solo se está haciendo seguimiento a unos pocos ítems de los que ha ordenado la Corte Constitucional en diferentes autos que en últimas buscan que se trabaje en función de las víctimas. De más de 160 solo se siguen 10.
Bogotá es la primera ciudad del país en recepción histórica de víctimas, aunque no todas las que declaran se quedan en ella. El reporte oficial habla de 722.743 de las incluidas en el registro nacional que han declarado en la capital del país. Del 2014 al 2018, se recibieron 177.956 víctimas en Bogotá que han sido incluidas en el registro único.
Es importante destacar que el actual gobierno de Bogotá ha incrementado los recursos destinados a las víctimas en comparación con administraciones pasadas, con un total de 123.000 millones de pesos. Pero nos hace falta avanzar porque concentramos la mayor parte de los recursos en atención humanitaria y la reparación integral se queda corta. Los estimativos indican que de cada 10 pesos, ocho se dedican a la primera y solo dos a la segunda.
Y ese es uno de los desafíos que debemos enfrentar para garantizar que las ayudas llegan a tiempo y no se enredan en los escritorios porque las víctimas que llegan con una situación de calamidad no pueden esperar los tiempos de la burocracia estatal.
Por supuesto es urgente fortalecer los filtros para evitar los colados que se aprovechan de las fallas mientras verdaderas víctimas se quedan sin ayuda.
Hay demasiados protocolos que ponen peregrinar a las víctimas y que en lugar de ayudarlas las revictimiza. Lo vemos en los centros locales de atención que tienen fallas en sus sistemas, que llevan a enormes filas que no deberían existir. Tenemos un tema de oportunidad en la atención que está fallando y se debe corregir. Hay que evitar el peregrinaje. Son entre 250 y 300 personas diarias que enfrentan esta situación.
Concejal de Bogotá
