Por qué voté no al proyecto de presupuesto de 2018

Aunque este año no hice parte de la comisión de hacienda, estuve presente durante todas las sesiones de presentación del proyecto de presupuesto distrital de los quince sectores que componen el gobierno de la ciudad, además de la contraloría, la veeduría y la personería distrital. También participé en las dos sesiones de debate del proyecto en la comisión de hacienda y el debate del proyecto en la plenaria de la corporación el pasado 9 de noviembre. En estas sesiones realicé 18 intervenciones, en las que expuse distintas inquietudes que me generaba este proyecto.

Al final, voté no al proyecto de presupuesto que presentó la administración distrital. Lo hice, principalmente, por cinco razones:

1. Este presupuesto no altera la visión de ciudad de la administración, que pone en riesgo los recursos naturales de la ciudad: el alcalde Peñalosa concibe la reserva ecológica Thomas van der Hammen como un sitio a urbanizar; de la misma manera, va muy rezagada la conservación de la reserva protectora de los cerros orientales.

2. Mantiene el proyecto del minimetro, que ha generado disgusto en la ciudadanía y que se sustenta en argumentos políticos que no acoge la ciudadanía. Tanto el alcalde como el concejo han hecho caso omiso del descontento ciudadano con el proyecto del metro. Por el contrario, se le siguen inyectando dinero a un proyecto que no arranca. A pesar de tener una ejecución de giros de tan solo el 0,81% ($1.518 millones) a octubre de 2017, la empresa metro contará con $1,64 billones en 2018.

3. Este proyecto mantiene el curso hacia el desastre de transmilenio. En los dos años que lleva la administración no ha ocurrido ningún cambio de fondo en esta empresa, mientras la insatisfacción de los usuarios con el servicio público de transporte está alcanzando un punto crítico.

La administración le va a destinar más recursos al sistema: de las transferencias para inversión de la secretaría de hacienda, la que más creció fue la de transmilenio. Para 2018 tendrá una asignación de $2,48 billones (un 67,2% más que en 2017). Mientras tanto, la insatisfacción de los usuarios está alcanzando un punto crítico. De acuerdo con la encuesta de percepción ciudadana de 2017, tan sólo el 19% de ciudadanos está satisfecho con el servicio de Transmilenio y el 32% con el del servicio zonal.

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Fuente: Encuesta de persepción ciudadana 2017, Bogotá cómo vamos, p. 74.

4. El centro de la estrategia distrital de seguridad no reconoce la magnitud de la amenaza del narcotráfico urbano, y la administración sigue hablando de microtráfico. Tampoco hay un programa serio para prevenir el consumo de drogas y rehabilitar a los adictos.

5. No introduce ningún cambio de fondo en el hundimiento del sistema integrado de transporte. La administración se ha quedado cruzada de brazos en este tema, mientras la crisis del sistema se agudiza cada día que el servicio provisional sigue en funcionamiento.

Los recursos del fondo de estabilización tarifaria (FET) del SITP se redujeron en tan sólo 1,6% (pidieron $747.017 millones). El rubro de mejoramiento institucional del SITP aumentó en $20 mil millones y llegó a $100 mil millones (aumentó un 25%). Entonces, ¿de qué sirvió el aumento de las tarifas de 2017 y la reducción de los subsidios y tarifas preferenciales para beneficiarios del Sisbén, adultos mayores y personas en condición de discapacidad si no se redujo el volumen de recursos que hay que inyectarle al sistema?

Además, luego de estudiar a fondo el proyecto de presupuesto, hice unas advertencias adicionales:

En primer lugar, el 28 de noviembre me pronuncié sobre el minimetro que quiere construir esta administración: un proyecto para el que se aprobaron más de $6 billones de vigencias futuras, que en la visión del alcalde será un alimentador de Transmilenio junto con los buses del sistema integrado de transporte.

En segundo lugar, la gestión en vivienda de la secretaría de hábitat es pésima. Aunque tuvo un presupuesto de inversión de $211.777 millones en 2017, sólo ejecutó efectivamente $34.242 millones (el 16%). Un ejemplo de la mala gestión es el programa integral de vivienda efectiva (PIVE), que está orientado a otorgar créditos de vivienda a las víctimas del conflicto armado que viven en Bogotá. Según el DANE, el 65,7% de las víctimas en Bogotá no tiene vivienda asegurada. Pero el PIVE define unas condiciones muy estrictas para que las víctimas – los más vulnerables entre los vulnerables – accedan a un hogar (tienen que acreditar una vida crediticia y no se pueden atrasar en una sola cuota, o pierden su casa). Por esa razón, en 2017 sólo 29 hogares de víctimas accedieron a un crédito para vivienda. Además, la secretaría sólo ha iniciado 19 mil viviendas de interés social, de las 60 mil que planearon construir en el cuatrienio de gobierno. A pesar de la importancia de la atención para víctimas, el presupuesto para el programa en 2018 será de $10.031 millones, es decir, $1.408 millones menos que en 2017.

En tercer lugar, expuse mis reparos frente al presupuesto con el que contaría la Universidad Distrital durante el próximo año. A pesar de los límites que tiene el concejo para intervenir en el presupuesto de la universidad, en este proyecto señalé con preocupación la reducción de recursos de inversión para esta institución. El presupuesto programado para la Universidad durante el 2018 es de $313.665 millones, de los cuales el 90,1% son gastos de funcionamiento y el 9,1% son gastos de inversión. Frente al presupuesto del 2017, los recursos de inversión de la Universidad se reducen en $16.145 millones (37% menos), pues pasan de $43.297 millones a $27.151 millones.

Lo más preocupante es que la reducción de inversión de la distrital parece ser una constante en esta administración. Entre 2016 y 2018, la reducción de estos recursos ha sido de 64,6%, pues han pasado de $76.665 millones a $27.151 millones.

También hay rezagos en otras entidades del sector cultura, como la orquesta filarmónica. El edificio que se va a construir como sede de la orquesta, que ya era prometido como un hecho desde el primer semestre de 2017, sólo va a iniciar obra en agosto de 2019.

Cuarto, expresé dudas frente al presupuesto del IDU, que constituye el 12,8% del total de recursos aprobados para el 2018 de todo el distrito ($2,6 billones). Además, el IDU tiene uno de los mayores aumentos presupuestales para el próximo año, pues sus recursos se incrementan en un más de un billón de pesos en comparación al 2017 (crece más de 85%). Pero el funcionamiento de esta entidad genera dudas, pues su gestión ha sido muy pobre. El IDU sólo ejecutó el 17,7% de su presupuesto de inversión en este año (según el reporte oficial al Predis de la secretaría de hacienda, con corte al 30 de octubre), y no ha puesto en marcha las grandes obras de infraestructura que prometió el alcalde. Luego de dos años de gobierno, por ejemplo, no hay licitada una sola troncal de Transmilenio.

Mis dudas se agravan al confirmar que el IDU tiene un proyecto para mejorar la articulación regional de Bogotá, que incluye la adquisición de 940 predios durante el próximo año, asociados a la construcción de vías por alianzas público-privadas (APP). El valor de estos predios se estima en $984.000 millones. Estos predios van para dos obras viales: la expansión de la calle 13 entre la carrera 50 y el río Bogotá (cuyos predios cuestan $596.000 millones) y la construcción de la ALO entre las calles 13 y 80 (predios por valor de $388.000 millones). El IDU va a invertir casi un billón de pesos en estos predios, que van a quedar atados a un esquema de ejecución de recursos que no tiene buenos antecedentes y que todavía no es fuerte. Las APP no han funcionado bien en Bogotá.

En síntesis, este presupuesto no responde a la preocupación sobre la gran insatisfacción de los bogotanos con el gobierno de Enrique Peñalosa. La asignación de dineros del proyecto de presupuesto, que se concentra en unas obras de infraestructura que generan más insatisfacción en la ciudadanía, no cambia el curso de esta tendencia.