A propósito del incremento de quejas de los usuarios de servicios públicos domiciliarios en Bogotá por cobros excesivos y otros abusos de las empresas prestadoras, la presidenta del Concejo, María Fernanda Rojas Mantilla, propone plantear seriamente un cambio en el modelo de regulación de esas empresas que operan ejerciendo una posición dominante que vulnera los derechos de los ciudadanos.
Esta crisis ha puesto en evidencia el impacto que tiene esa débil regulación en los ingresos de las familias. Entidades como la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) y la Superintendencia de Servicios Públicos, que se supone deben controlar a las empresas prestadoras y defender a los usuarios, no están cumpliendo su papel. Ya desde hace tiempo se vienen evidenciando decisiones cuestionables que terminan incrementando, aún más, los cobros de esas empresas.
Es hora de abrir la discusión sobre ese tema a nivel nacional y tomar decisiones de fondo.
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