La Fiscalía General de la Nación confirma que no solo algo huele mal en UAESP, la indebida gestión de esta entidad ha afectado recursos naturales, el proceso de aprovechamiento de residuos que se suponía se estaba realizando en el predio Buenos Aires nunca se dio. Solo se generaron daños ambientales como lo afirmó el Auto 01007 de la Secretaría Distrital de Ambiente en 2022 para dar inicio a proceso sancionatorio ambiental y ahora la reciente decisión de la Fiscalía al solicitar audiencia de imputación de cargos a la ex directora Luz Amanda Camacho por los perjuicios ambientales ocasionados al usar el predio Buenos Aires para gestión de residuos que ha generado lixiviados
Fueron talados 138 árboles y la Fiscalía afirma que se cometieron delitos de invasión de área de especial importancia ecológica afectando la Zona de Manejo y Preservación Ambiental (ZMPA) del río Tunjuelito. Si la exdirectora afirmaba que este predio sería para tener un punto limpio y realizar aprovechamiento de residuos ¿por qué no contempló otras estrategias que no impliquen contar con más hectáreas para disponer residuos sino en UN trabajo articulado con el operador del Relleno Sanitario Doña Juana?
El mayor reto que tiene la administración de Claudia Lopez y ahora el nuevo director de la UAESP es articularse con CGR (Centro de Gerenciamiento de Residuos) empresa que opera y administra el relleno desde el 2010. El objetivo es hacer de Bogotá una ciudad sostenible y esto implica que la jerarquía de gestión de residuos se materialice en la ciudad, es decir evitar la generación de residuos y priorizar el aprovechamiento.
Gestionar estos objetivos implica trabajar con múltiples intereses sin desconocer que CGR también ha incumplido. No es un secreto que la empresa ha sido sancionada, en 2020 la Superintendencia de Servicios Públicos la sancionó CGR por $5.581 millones debido al incumplimiento del cumplimiento del Plan de Emergencia y Contingencia. La UAESP en 2017 le impuso una multa de $110 millones por un mal manejo en los procesos de coberturas y control de insectos y otra multa por $153 millones por el estado indebido de las vías del relleno.
Bogotá no puede estar limitada al fuego amigo entre el Distrito y el operador del relleno. El objetivo es limpiar la ciudad invadida por puntos críticos de residuos, reducir el número de toneladas que son enterradas en el RSDJ y transitar a alternativas de economía circular, sin improvisación. Esto debe analizarse desde las implicaciones, territoriales, sociales y ambientales.
Concejal de Bogotá
