Pasó con la decisión de la Contraloría General de la República de asumir el control preferente de la contratación de TransMilenio por la carrera 7ª y de todas las acciones que se están adelantando para sacar de la crisis al Sistema Integrado de Transporte Público (SITP).
Fueron el Alcalde Mayor Enrique Peñalosa y el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) los que pidieron ese acompañamiento para fortalecer la transparencia de los procesos. Y lo hicieron porque el Gobierno está tranquilo con la responsabilidad que se está actuando y con el cumplimiento de la ley.
Es importante que ese acompañamiento se dé con criterios técnicos y respaldado en la ley y no con base en rumores o demandas y denuncias infundadas como las que han venido paralizando los procesos de grandes obras de infraestructura.
Y ojalá que la vigilancia de la Contraloría sirva para destrabar la licitación, para que ese organismo de control actúe con celeridad y verifique los intereses políticos que se esconden en la intención de parar el proyecto. Ojalá que revise los estudios técnicos y confirme las bondades de esa obra para los ciudadanos.
Ese método de demandar para frenar al alcalde, de pedir que se suspendan los procesos porque a alguien de la oposición no le gusta que la ciudad avance le está haciendo mucho daño a Bogotá y los perjudicados son los bogotanos.
Es lo que va a pasar con TransMilenio por la carrera 7ª. Están apuntándole a que se termine el gobierno y no se pueda adjudicar para meter los estudios y el proceso en la caneca de la basura. Quedan siete meses del actuar gobierno y la consigna de la oposición es ganar tiempo a punta de suspensiones.
Lo grave es que si lo logran, vías como la carrera séptima quedarán condenadas al colapso porque han pasado 40 años buscando una solución y ningún alcalde ha sido capaz de implementarla. Y el actual, que puso todo su empeño está siendo frenado con argucias jurídica.
Triste que la ciudad sea sacrificada por intereses politiqueros.
Concejal de Bogotá
