Aprobado en último debate reforma al estatuto orgánico de Bogotá

Viernes 18 de junio de 2021

Esta semana fue aprobado en último debate por el Congreso de la República el proyecto de reforma al Estatuto Orgánico de Bogotá. En efecto, el Decreto–Ley 1421 de 1993 necesita cambios profundos y ajustes estructurales, pues, luego de casi tres décadas de su entrada en vigor, varias de sus disposiciones se han vuelto anacrónicas y no responden a los desafíos administrativos que demanda la ciudad. Durante muchos años se habían realizado varios intentos fallidos por realizar ajustes de fondo dirigidos a optimizar la gestión administrativa de la ciudad, lo cual podría ser una razón para celebrar la decisión del Congreso de la República. Sin embargo, no es así.

A pesar de que la propuesta legislativa contempla diversas medidas como más descentralización y autonomía de los gobiernos locales; cambio en el número y límite de las localidades; mayor presupuesto para los territorios y apoyo técnico y más capacidad institucional para las Juntas Administradoras Locales, el proyecto de ley aprobado por el Congreso contiene serios problemas que amenazan su constitucionalidad.

En primer lugar, la forma en que fue aprobado pone en evidencia la promesa incumplida de la Constitución de 1991 relacionada con la descentralización administrativa como principio rector de la administración pública en Colombia. Este proyecto se aprobó sin contar con una deliberación previa con el órgano de representación por excelencia del Distrito: el Concejo de Bogotá. No se debatió en su interior, ni se tomaron como relevantes durante el trámite legislativo las consideraciones de los representantes de este cabildo frente a ese articulado. Esta situación es problemática porque refleja la ausencia de consulta por parte del nivel nacional en decisiones de la ciudad y muestra la falta de información sobre los alcances de la propuesta para la ciudadanía en su conjunto, lo que se traduce en una limitación sensible al principio de participación política y democrática.

En segundo lugar, varias de las medidas normativas consignadas en el articulado son especialmente problemáticas:

a)      Establece que la modificación en la estructura político-administrativa de la ciudad se realizará por medio de la aprobación de un Plan de Ordenamiento Territorial. Esta medida, además de desconocer la naturaleza técnica de las disposiciones sobre ordenamiento territorial limita el ámbito de deliberación y decisión que sobre sus propios asuntos deben tener entidades territoriales como el Concejo de Bogotá.

b)     Como consecuencia del articulado, la ciudad se verá en la necesidad de crear una amplia planta burocrática para responder a los ajustes propuestos, específicamente, los relacionados con la redistribución y creación de nuevas localidades en la ciudad. La administración distrital, que por cierto acompañó esta propuesta, no ha explicado fiscalmente como se financiarán esos cambios y cuál es el impacto económico que tendrá para la ciudad.

c)      En relación con lo anterior, el proyecto define unos compromisos económicos problemáticos constitucionalmente, pues a partir de lo dispuesto en el articulado dispone prácticamente la aprobación de vigencias futuras ordinarias sin contar con la debida discusión y aprobación del Concejo de Bogotá como lo dispone la Carta Política de 1991, restringiendo con ello los alcances de la democracia deliberativa en la ciudad y, subordinando en la práctica al Concejo frente a la Alcaldía Distrital.

Por las razones expuestas, solicito que el Honorable Congreso de la República y la Administración Distrital expliquen ante el Cabildo Distrital y la ciudadanía los alcances en materia fiscal que tienen algunos puntos de este proyecto, la concordancia de la propuesta con la Constitución Política y el uso adecuado del  instrumento técnico de planeación y ordenamiento territorial por excelencia para una reforma netamente administrativa. 

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